El gobierno ha dado luz verde a una serie de modificaciones en las ventajas económicas destinadas a los profesionales dedicados a la investigación, con el objetivo de fomentar la contratación de personal comprometido con proyectos de I+D avances tecnológicos en las empresas. Hasta ahora, las ayudas para estos profesionales suponían el 40% de las aportaciones empresariales a la Seguridad Social para contingencias comunes. Sin embargo, a partir del 1 de septiembre de 2023, se implementarán reformas sustanciales.
Estas ventajas económicas serán aplicables únicamente a las nuevas contrataciones a tiempo indefinido efectuadas por empresas. El personal dedicado a la investigación deberá enfocarse exclusivamente en labores relacionadas con la innovación tecnológica o la I+D, pudiendo destinar hasta un 15% de su tiempo a actividades suplementarias de formación o divulgación. Además, no habrá restricciones en cuanto al grupo de cotización, permitiéndose una bonificación máxima de 3 años por empleado investigador.
Asimismo, las compañías podrán obtener un incentivo adicional del 5% para contratar a jóvenes y otro del 5% para contratar a mujeres, llegando a un monto máximo de bonificación mensual de 362.5 euros por cada trabajador. Estas modificaciones fueron establecidas en el Decreto-ley 1/2023, de medidas urgentes con relación a los estímulos para la contratación laboral y el fortalecimiento de la protección social de los profesionales del ámbito artístico, que fue aprobado por el Consejo de ministros el 10 de enero de 2023.
Es importante resaltar que aquellos investigadores que comiencen a recibir bonificaciones antes del 1 de septiembre de 2023 seguirán sujetos a las condiciones previas, sin importar si son nuevas contrataciones o no, y sin ningún límite de tiempo máximo para bonificación.
Estas ventajas económicas representan un poderoso estímulo para las empresas que buscan fomentar la innovación tecnológica y la ejecución de nuevos proyectos de I+D, sin embargo, el nuevo sistema implementado supone una desventaja significativa para las pequeñas y medianas empresas (pymes).
En este sentido, el distintivo de Pyme Innovadora permitía a las pymes deducir y bonificar hasta 9 empleados sin necesidad de obtener certificaciones adicionales. Esto era un valioso beneficio que brindaba liquidez considerable a las empresas de menor tamaño y con enfoque innovador en España.
Con los cambios recientes, esta ventaja fiscal se vuelve más compleja de aprovechar:
- Es necesario llevar un control detallado de la edad y el género de las nuevas contrataciones.
- Es necesario hacer un seguimiento del tiempo durante el cual se han estado aplicando las bonificaciones.
- Dado que el límite máximo de bonificación es de 3 años, nunca se podrá beneficiar a 9 personas al mismo tiempo, lo que implica una reducción en la liquidez obtenida con el sistema anterior.
- Esto se convierte en un incentivo negativo para retener talento en empresas y puestos de trabajo donde la rotación del personal no es beneficioso.
En resumen, aunque estas bonificaciones promueven la innovación y la investigación, su aplicación bajo el nuevo sistema implica desafíos adicionales para las pymes, lo cual puede limitar su capacidad para mantener y atraer talento en un entorno laboral con baja rotación de personal.
